Dos personas fueron detenidas acusadas de organizar carreras de perros en la capital de la provincia de San Luis, donde otras 50 fueron demoradas por averiguación de antecedentes, en el marco de un operativo en el que se secuestraron animales y proteccionistas enunciaron que recibieron amenazas de muerte.
El hecho, reportado en las últimas horas, se registró el domingo en un allanamiento realizado en un hipódromo de la zona oeste de la capital de San Luis, ordenado por el juez Marcelo Bustamante Marone, informó en un comunicado la organización Proyecto Galgo Argentina a la agencia DyN.
En el operativo, que demandó cuatro horas y estuvo a cargo de la división de delitos y otras fuerzas provinciales, fue detenido “Ceferino Gómez y su esposa”, sostuvo la organización, y manifestó que fueron demorados “más de 50 asistentes para averiguar antecedentes”.
En el allanamiento fueron secuestrados perros y material que se usaba para las competencias, como “gateras, trofeos y tratamientos” para mejorar el rendimiento de los animales.
La organización informó que “al organizador (de las carreras) Ceferino Gómez se le dictó presión preventiva y fue trasladado a la penitenciaria”.
En ese sentido, manifestó que el hombre “tenía antecedentes de abuso sexual, falsificación de documentos, defraudaciones y estafas, robo, abigeato y hurto en la provincia de Mendoza”, por lo que el magistrado convirtió “la detención en prisión preventiva”.
La investigación se había iniciado tras una denuncia recibida por Proyecto Galgo Argentina en su cuenta de la red social Facebook, sostuvo la organización, y manifestó que trabajó con proteccionistas locales.
Asimismo, dijo que “proteccionistas locales sufrieron en las últimas horas amenazas de muerte” y destacó que “ya han sido denunciadas ante la policía, que realiza operativos de seguridad”.
El Poder Ejecutivo promulgó y publicó el 2 de diciembre en el Boletín Oficial la ley que prohíbe las carreras de perros de cualquier raza en todo el país, que prevé entre tres meses y cuatro años de prisión para quien “organice, promueva, facilite o realice” esas competencias.
La ley 27.330, sancionada por la Cámara Diputados el 16 de noviembre, establece, además, la aplicación de multas de entre 4 mil y 80 mil pesos a quienes inflijan la ley.
Fuente: TelefeNoticias
