miércoles, diciembre 7, 2022
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De norte a sur y de Cancún a Los Cabos, la foto del año 5 de EPN se apaga por el rojo de la violencia

Si hoy alguien despertara de un coma de seis años se daría cuenta que las estrategias para reducir los homicidios en el país no han funcionado. En el último tramo de su administración, los discursos del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo se contradicen con los hechos. Esta semana, más de 250 cráneos fueron hallados en un cementerio clandestino en Veracruz; el hallazgo lo hicieron familiares, en vez de las autoridades. Además culminó apenas un paro escolar de dos meses en protesta contra criminales en San Miguel Totolapan, Guerrero, mientras que en el norte, y en pleno centro turístico de Los Cabos, se reporta la formación de una nueva organización criminal: el Cártel Tijuana Nueva Generación. Lo mismo sucede en otras dos joyas del turismo mexicano: Cancún y Playa del Carmen, ahora constantemente sacudidas por balaceras y asesinatos. El crimen rebasó a las autoridades, mientras las policías aquejan serias deficiencias, denuncias expertos. Ayer, un estudio desnudó a los cuerpos policiales mexicanos y, también, Juan Méndez, ex Relator de la ONU sobre la tortura, reiteró que ese delito de lesa humanidad ha repuntado en el país.

Ciudad de México, 16 de marzo (SinEmbargo).— La administración del Presidente Enrique Peña Nieto emprende el último tramo del sexenio sin cambiar la cara de la violencia que azota el país. Datos oficiales, altos funcionarios, instituciones internacionales y la sociedad civil alertan sobre la turbulencia y el caos en materia de seguridad durante este primer trimestre del año.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo hincapié sobre el uso de la tortura como práctica generalizada en el país. Juan Mçendez, ex Relator especial de Tortura para ese órgano internacional, habló ayer sobre la negligencia que encontró en el Gobierno federal.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró el año pasado 15 quejas de tortura relacionadas con el Ejército; un aumento del 400 por ciento con relación al 2015. De la misma forma se incrementaron las quejas por tortura en contra de la Policía Federal (PF): 143 quejas en el 2016, lo que significa un repunte del 429 por ciento con relación a los registros del 2015.

También, un trabajo de investigación –con bases de datos realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)– reveló que durante el sexenio de Calderón el 30.3 por ciento de las personas detenidas por el Ejército y la Marina, acusó haber sido torturada con choques eléctricos, y el 26.6 por ciento mediante asfixia.

Méndez advirtió de los riesgos que conllevan las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. En este momento seis iniciativas han generado un debate en el interior del Congreso de la Unión. Pese a reconocer que no tiene detalles de las propuestas, argumentó  que la experiencia internacional indica que usar al Ejército en tareas de seguridad interior, antes reservadas para las policías, es un error.

Siempre se alega que las fuerzas policiales se ven desbordadas por la inseguridad, en nuestro informe [preliminar 2014, final 2015] dijimos que México tenía un serio problema, pero el involucramiento tiende a militarizar a las policías también”, dijo Méndez.

La violencia en el país pareciera estancada. En enero, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, registró mil 938 carpetas por homicidios dolosos. Una estadística no tan alejada de las mil 609 de enero del 2010.

Llevar este tipo de casos a la justicia aún es una meta difícil. En septiembre del año pasado el Inegi refirió que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados y sin apertura de investigación representaron el 93.7 por ciento del total.

Hoy, la asociación civil Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) presentó un informe en el que reveló el bajo rendimiento policial.

El 31.3 por ciento de 16 Ministerios Públicos estatales encuestados calificó la capacidad policial para detener delincuentes en flagrancia como mala. Mientras que el 56.3 por ciento la consideró de regular, y el 12 por ciento como buena.

Esta situación es especialmente preocupante puesto que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fue implementado a nivel nacional desde el 18 de junio del 2016.

El Informe “La cara del Sistema de Justicia Penal. ¿Qué le falta al policía primer respondiente?” se evaluó la labor policial conforme a sus actas de acción, encuestas a ministerios públicos y policías, así como las audiencias iniciales del NSJP.

Sin la labor de los policías el NSJP no funcionará a cabalidad, advirtió el analista de seguridad Alejandro Hope.

Las policías del país son las encargadas desde detener delincuentes hasta proteger escenas del crimen y una reforma al artículo 21 constitucional en el 2008 les permitió apoyar al Ministerio Público en el embalaje y de pruebas. Sin embargo, el 69 por ciento de los ministerios públicos calificó la capacidad para recolectar indicios de delitos como mala; el 31 por ciento, regular; y ninguno, buena.

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