Brasil lanzó hoy un programa de control y rastreo del origen de la madera producida en el país y exportada con el fin de intentar poner coto a la deforestación en el Amazonas.
Brasil lanzó hoy un programa de control y rastreo del origen de la madera producida en el país y exportada con el fin de intentar poner coto a la deforestación en el Amazonas, que en el último año aumentó casi un 30 por ciento y sumó ocho mil kilómetros cuadrados.
A partir de enero de 2018, todas las propiedades rurales y concesiones forestales del país deberán guiarse por las directrices de un sistema –llamado Sinaflor-, que según el gobierno permitirá rastrear el origen de la madera desde la región donde es talado el árbol hasta su industrialización.
De esta forma se pretende reducir el fraude en los planos forestales que posibilita “blanquear” madera ilegalmente talada en el Amazonas para que pueda ser comercializada como si fuera lícita.
“Es necesario que mantengamos bajo control, acabemos, sofoquemos la ilegalidad”, dijo hoy el ministro brasileño de Medio Ambiente, Sarney Filho.
“Sinaflor supone más seguridad para el bosque y para quien la explora de forma sustentable”, señaló el ministro.
La tala ilegal de madera –una actividad altamente lucrativa y que en muchas ocasiones implica a verdaderas organizaciones criminales- es uno de los motores de la deforestación del Amazonas.
En muchas regiones aisladas y sin presencia efectiva del estado, organizaciones criminales o grupos de personas sin alternativas económicas entran en la selva, muchas veces en reservas indígenas o parques protegidos, y extraen las especies nobles, por las que el mercado paga miles de dólares por metro cúbico.
La mayor selva tropical del planeta, que ocupa más del 50 por ciento del territorio brasileño, ha sufrido en los últimos 30 años los efectos de esta tala acelerada y corte raso, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque, para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola.
Una dinámica constante que amenaza seriamente al Amazonas, que ya perdió el 19 por ciento de todo el bioma, el equivalente a 750 mil kilómetros cuadrados en las últimas décadas.
“El Sinaflor es una ventaja por el control de la cadena productiva”, dijo Suely Araújo, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA).
“Ahora tendremos la posibilidad de conocer la deforestación real. Lo que esté fuera del sistema Sinaflor será considerado ilegal. Eso hoy no lo tenemos”, agregó la funcionaria del órgano encargado de fiscalizar las reservas naturales del país.
A pesar de los esfuerzos por reducir la deforestación en comparación con la década de 1990, cuando las áreas arrasadas del Amazonas llegaron a sumar en un año 23 mil kilómetros, Brasil no se comprometió aún a erradicar la deforestación ilegal.
Una de las críticas de las organizaciones como Greenpeace es el fraude en la tala autorizada por parte los estados brasileños, ya que muchos propietarios de zonas rurales hinchan de forma ficticia la producción de madera para conseguir documentos que, después, son usados para justificar una madera que en realidad procede de tala ilegal.
“Estos créditos forestales que se conceden son un fiasco”, explicó a Notimex Nilo D’Avila, coordinador de campañas de Greenpeace y quien asegura que “solo el 1.0 por ciento de esas autorizaciones para la tala es controlada sobre el terreno antes del inicio del corte”.
“Se miente sobre el tamaño, el diámetro, la especie (…) para blanquear madera ilícita se infla la producción de un área específica autorizada, para sacarla en realidad de otra que es pública”, agregó.