Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres celebraron la notificación de una nueva alerta de género en Veracruz, esta vez por agravio comparado, emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob), notificada al gobierno de Miguel Ángel Yunes el pasado 10 de marzo.
La medida destacó la urgencia de realizar las modificaciones necesarias para reformar la legislación actual con el fin de aumentar a 12 el número de semanas para interrumpir legalmente los embarazos y no criminalizar a las mujeres.
En conferencia, Araceli González Saavedra, de Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, y María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –organizaciones que solicitaron la Alerta de Género por Agravio Comparado–, urgieron a los tres poderes del estado de Veracruz responder en máximo 15 días si admiten o no las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Esta alerta se suma a la Alerta por Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida, emitida el año pasado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Las representantes de las organizaciones sociales solicitantes de la alerta consideraron que la de Veracruz es la primera en su tipo en que el consejo técnico que elaboró el dictamen abordó el “contexto de discriminación, debido al marco jurídico y a la política pública vigente en materia de salud sexual y reproductiva que transgreden los derechos humanos de las mujeres”.
González Saavedra explicó que en el ambiente de impunidad y violencia que se vive en Veracruz, de 2009 a 2013 se registraron 53 mil 360 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, en tanto que en 22% de los alumbramientos fueron menores de 15 años; en 2015 se registraron 487 partos de madres de entre 10 y 12 años de edad.
La defensora explicó que durante el gobierno de Fidel Herrera, en 2009, hubo reformas en el Código Penal para, supuestamente despenalizar el aborto. En ellas se consideró pasar del castigo de cárcel cuando el aborto fue producto de “la incapacidad emocional para tomar decisiones de las mujeres”, a ser sancionado con medidas de salud y educativas. Además, se abrieron centros de atención a embarazadas en situación vulnerable, a las que se supuestamente van sólo quienes se practicaron la interrupción.
Sin embargo, Equifonía identificó 18 casos en que jóvenes fueron acusadas de homicidio por razón de parentesco, aunque muchas de ellas abortaron de manera espontánea.
“Identificamos que nueve de cada 10 mujeres acusadas por ese delito son indígenas, pobres y jóvenes. Por eso insistimos que el tipo penal discrimina por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre y ser joven”, dijo González Saavedra.
