Por Daniel Robleto Aguilar

Entre ilusiones, esperanzas y tristezas, la sociedad panameña celebra el fin de un mandato cuestionado y recibe de vuelta al poder luego de una decada, al partido Revolucionario Democrático.

En un escenario inédito normado por reformas electorales de última hora, el tiempo de campaña se reduce a 60 días en las generales y 45 en las primarias; se establecen por primera vez regulaciones y limitaciones financieras al gasto, tales como topes a las contribuciones de donantes, regulaciones a la apertura y manejo de los ingresos y gastos, auditoria sujeta al Tribunal Electoral y, la obligatoriedad de rendir un informe.

Los medios de comunicación y la propaganda son reglamentados y se hace necesario declarar el origen de los fondos, el uso, el tiempo de exposición  y la presencia electoral  en la radio y la televisión.

Se flexibiliza la formación y exigencia de subsistencia a Partidos Polítcos y se reducen las limitantes a la participación de candidatos de libre postulación, aumentando los beneficios del financiamiento público a los mismos.

La aplicación de estas reformas, nacidas al calor de la presión de grupos sociales e intereses económicos no representativos de las formaciones políticas institucionales, requirieron de mas de un medio centenar de regulaciones reglamentarias para su comprensión y puesta en práctica, normas y reglamentos que para muchos de los actores del proceso electoral, incluidos los electores, deben ser ajustados para garantizar que en la mayoria de los casos quede claro el espiritu que les anima, manteniendose alejadas de las interpretaciones que atentan contra el pretendido proceso constructivo democrático.

El Proceso Electoral que convocó a elegir presidente y vicepresidente, 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 679 representantes de corregimientos y 9 concejales, todos con su respectivos suplentes para el periodo constitucional de 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2014, acontece en un Panamá resquebrajado en su institucionalidad, un ejecutivo aéreo, falto de creatividad y señalado como cercano a la corrupción, un organo legislativo cuestionado y desprestigiado, una justicia percibida como favorecedera de la impunidad.

Para la realización de las elecciones, el Estado, a través del Tribunal Eectoral dispuso de un monto pre electoral de cuarenta y cuatro millones doscientos treinta y seis mil setecientos ochenta y cinco balboas con dos centésimos (B/.44,236,785.02) para los siete partidos políticos existentes y un millón seiscientos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos balboas con noventa y ocho centésimos (B/.1,604,442.98) para los candidatos por libre postulación, atendiendo a la fórmula de distribución prevista en el artículo 193 del Código Electoral.

La ciudadania exigió de una campaña de principios y valores donde honestidad y transparencia jugaron un papel importante, las redes sociales se viralizaron en contra de la reelección de los diputados, con énfasis en aquellos percibidos y señalados en supuestos actos de corrupción.

Finalizada la inédita jornada electoral, sexta post invasión (diciembre de 1989), dada para votar el 50avo presidente de la República, ascenderá al solio presidencial el Ingeniero Laurentino (Nito) Cortizo.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), alejado del poder en los últimos 10 años, regresa para un tercer período, tres triunfos en seis elecciones; lo hace en su abanderado Cortizo quien es electo con el 33.35% de los votos validos, con una diferencia de tan sólo un 2.35% sobre su mas cercano rival que obtuvó el 31%; de un padrón final de 2,757,823 electores de los cuales 2,013,402 emiten su voto.

La participación electoral esperada en el 80%, resultó en el 73.01%, aún así, de las mas significativas entre paises de la región, pero por debajo del 75%, promedio calculado en base a las seis últimas elecciones post invasión, siendo la menor de ellas.

Los electores hablaron alto y claro, tan solo 16 de los cincuenta diputados que buscaban la reelección fueron votados, muchos de  ellos invocando residuos y sustentándose en las alianzas; plural numero de autoridades (alcaldes y representantes de corregimientos) que se presentaron a la contienda para igual o diferente cargos, resultaron repudiados.

En cuanto a lo económico, a decir del Ministro designado Héctor Alexander, el gobierno entrante recibe un país insostenible, donde “… los ingresos corrientes que se reciben no alcanzarían para pagar la planilla, intereses, subsidios y otros gastos corrientes que tiene el gobierno.”

El compromiso electoral de Cortizo expuesto en su plan quinquenal de gobierno, “4 pilares, 1 estrella y 125 acciones prioritarias” nacido de la Visión País desarrollada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) propone la convocatoria  de los panameños a “unir fuerzas” (lema de campaña) en la lucha contra la corrupción.

Cortizo promete devolver a los panameños la confianza en las instituciones, a brindar servicios públicos eficientes y de calidad, a desaparecer la impunidad de los intocables, a gobernar con valores (ética y moral).

Señala como objetivo un “país justo” que atienda los cinco Panamá; el Panamá moderno, el de la clase media, el de Los Barrios, el Agrícola rural y el de las comarcas; que cierre las brechas sociales y económicas.

El propósito es enconmiable, el escenario escabroso, se requerirá de voluntad, temple y disciplina para revertir los vicios adquiridos, sólo posible si el “buen gobierno” entiende que ha de sustentarse en una gestión transparente que recupere la institucionalidad, atienda la inequidad social, ejercite la gobernabilidad, promueva la gobernanza mediante la consulta y participación real de los ciudadanos, generando nuevas y oportunas capacidades.

Daniel Robleto Aguilar, Magister en Comunicación Política. Analista y Docente de la Universidad Santa María la Antigua, Panamá.

Tw: @danielrobleto

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