Por Lic. Feliciano Medina Ortega

El mes los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron por seis votos contra cinco la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la realización de una consulta nacional para que los ciudadanos decidan con un Sí o un No el posible enjuiciamiento de “actores políticos” que en el pasado cometieron “acciones políticas” en perjuicio del pueblo mexicano.

Es decir, la Suprema Corte aprobó la consulta pero modificó la pregunta a fin de que esta no violentara los derechos humanos de quienes eran su blanco original: los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

¿Por qué hizo esto al SCJN? A nuestro juicio, para evitar su inconstitucionalidad en esta y otras materias, entre las que resaltaba la clara omisión que se hacía de las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer los delitos que el Presidente atribuye a los ex titulares del Poder Ejecutivo federal, de los que por cierto sólo hay una descripción genérica para llevarlos a juicio. Estas fueron, sin duda, las razones por las que nuestra Corte le cambió la baraja al presidente López Obrador y mediante la redacción de una pregunta también genérica le “dio el avión” a otro más de sus múltiples juegos de distracción política.

Sin embargo, vale la pena hacer una revisión del pasado histórico inmediato para determinar en qué delitos incurrieron los ex mandatarios y cuáles podrían ser objeto de sanción en el supuesto de que la consulta diera luz verde a la FGR para que integrara las carpetas de investigación correspondientes.

Porque ésta, en efecto, está obligada por la ley a señalar con claridad el delito cometido; a incorporar los datos de prueba, los cuales pueden ser documentos públicos y privados, periciales y testimoniales, y a ordenar la comparecencia de los cinco ex presidentes para que respondan a las imputaciones en su contra, toda vez que ya no gozan de fuero constitucional. Posteriormente y con base en el análisis de los registros de investigación, la Fiscalía determinaría si se judicializa o no se ejerce acción penal contra los cinco o algunos de los imputados.

En los casos en que decidiera actuar la FGR remitiría las carpetas a un Juez de Control, en cuya instancia los expresidentes deberán comparecer nuevamente a fin de que este órgano jurisdiccional determine si son vinculados a proceso, decisión que puede darse el mismo día, en 72 horas o en 144 horas como máximo. El o los imputados puede Apelar el Auto de Vinculación a Proceso o recurrir al Juicio de Garantías y Amparo; de seguir el juicio se dictaría un término máximo de seis meses para cerrar la investigación complementaria y se turnaría a un Juez de Juicio ante el cual empezaría el enjuiciamiento real de los expresidentes acusados y terminaría con una sentencia, la que podría ser absolutoria, en caso de resultar inocentes, o condenatoria, en caso de ser culpables. La condena debe incluir una pena de prisión, una multa y la reparación del daño, incluso se les puede decomisar los bienes objeto del delito.

El o los Sentenciados puede apelar contra la sentencia y en caso de que sea confirmada puede recurrir al Juicio de Amparo y a su revisión hasta que la sentencia quede firme.

¿Cuáles son los delitos en que presumiblemente incurrieron los expresidentes?

Las acusaciones del presidente López Obrador contra sus predecesores en el Poder Ejecutivo federal son, en la mayoría de los casos genéricas y relacionadas con la corrupción, la principal figura delictiva de su discurso cotidiano y con la que ve y “enjuicia” a todos los actores de la vida política y la administración pública, con excepción de la propia, de sus amigos y sus aliados partidistas.

Pero hagamos un recuento sucinto de los pocos hechos delictivos que cita con claridad y también de los que apenas sugiere o de plano omite.

1.- Carlos Salinas de Gortari: por llegar a la Presidencia de la República tras la comisión del presunto fraude electoral de 1988 en contra de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. De manera indirecta lo acusa también de haber profundizado la desigualdad social en México mediante la imposición del modelo económico neoliberal y de haber vendido a grandes empresarios privados nacionales y extranjeros empresas estatales y paraestatales.

2.- Ernesto Zedillo Ponce de León: por “llevar hasta sus últimas consecuencias” la política privatizadora de los gobiernos neoliberales priistas; entregar a empresarios nacionales y extranjeros bienes del Estado como la empresa Ferrocarriles Nacional de México (FNM) y hacer pagar a todos los mexicanos los 552 mil millones de pesos (monto equivalente a dos billones de pesos actuales) que costó el rescate de la banca privada nacional a través del Fondo Bancario para el Ahorro (Fobaproa) en 1998.

3.- Vicente Fox Quesada: por “intervenir indebida e ilegalmente en el proceso electoral de 2006” para impedir su triunfo y favorecer a Felipe Calderón Hinojosa. El hoy presidente de México soslayó en el caso de Fox la denuncia de la prensa de que la ex primera dama Marta Sahagún había comprado a sobreprecios exorbitantes toallas, sábanas y cortinas para la ex residencia presidencial de Los Pinos.

4.- Felipe Calderón Hinojosa: por su complicidad con la delincuencia organizada, la cual López Obrador deriva de que aquél “no hizo nada” o permitió que su entonces Secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, recibiera dinero de una de las facciones narcotráfico en el periodo gubernamental 2006-2012, según las imputaciones que el gobierno de Estados Unidos está haciéndole a éste en un juicio que se ventila ahora en su territorio.

5.- Enrique Peña Nieto: por las grandes cantidades de dinero que recibió como sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral en 2012, imputación sustentada en declaraciones de Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Peña Nieto (2012-2018). Este mismo personaje acusa a su ex jefe de haber sobornado a legisladores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética (2013) y de haber autorizado la compra fraudulenta de la empresa privada Agronitrogenados, la cual causó al erario un quebranto superior a los cuatro mil millones de pesos.

A nuestro juicio, si estas acusaciones llegaran a la Fiscalía General de la República, no procederán y se quedarán en el archivo de la misma o en el “juicio de los justos” debido a que algunas ya prescribieron y porque, sobre todo, será muy difícil que la FGR pudiera sustentarlas con datos de pruebas suficientes idóneos y pertinentes, es decir, contundentes.

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