“leges sine moribus vanae”

Por Daniel Robleto Aguilar

El 11 de octubre de 1972, habiendo transcurrido 4 años, luego del golpe de estado de 1968, la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, legitima el poder existente y a “plebis rogante” deja señalado en su articulo 277 transitorio, las facultades extraordinarias concedidas al entonces comandante en jefe de la Guardia Nacional, Omar Torrijos, las cuales en opinión del Dr. Carlos Bolívar Pedreshi en cita del periodista Saúl Maloul Zebede, <<… facultades que de hecho centralizaban en la fuerza pública el ejercicio de todo el poder público, y de todas las facultades trascendentales del Estado.>> (Zebede, 2017).

La nueva constitución corrió con los actos reformatorios de 1978, Constitucional de 1983, los Actos Legislativos No. 1 de 1993 y No. 2 de 1994, y finalmente el Acto Legislativo No. 1 de 2004.

Transcurridos 15 años de su última reforma y tras la vivencia de dos periodos presidenciales señalados como corruptos y que a todas luces defenestraron la institucionalidad de los poderes del Estado, emprendiendo contra los valores y principios democráticos, orientadores de la convivencia pacífica para el logro del bienestar común, el pueblo panameño a atribuido como fuente directa e indirecta de sus males a la norma constitucional.

El escenario se acrecienta en el resaltar los pecados de un Poder Legislativo, que como colegiado se muestra ausente en el conocimiento de las necesidades y aspiraciones de la sociedad panameña, egoísta y corrupto en sus actuaciones; un poder judicial señalado en algunos de sus integrantes, como faltos de moral y ética, comerciantes de sentencias, incapaz de impulsar los valores democráticos de una reforma inconclusa de la justicia y dos últimos ejecutivos de gobierno, sin propósitos de país, disfuncionales, carentes de políticas de estado para un agro poco productivo, sin hacer consciencia de un incoherente sistema de salud que se confronta entre la solidaridad y el negociado,  escaso de ideas en lo educativo, todo ello navegando en la cotidiana inseguridad; en fin una propuesta y gestión de Estado incapaz de identificar los problemas de la ciudadanía y proveer soluciones.

Innegable la aspiración y necesaria concreción de una nueva carta magna que oriente con certeza los destinos del País para los próximas décadas, las primeras preguntas a responder, ¿qué queremos como País?, ¿a quienes les corresponde el delinearlo y trazarlo?, ¿cuál método a seguir que mejor represente los intereses del País que que las mayorías queremos?.

Imposible proponer una Constitución, sin tener claro, que queremos como País, por ello es necesario consensuar primero la sociedad que queremos y a partir de alli, iniciar en la construcción de una visión país que nos errumbe a los próximos cincuenta años; Panamá requiere reformular un nuevo contrato social, ello implica convocar a la inteligencia, para que como arquitectos del devenir se conviertan en hacedores; lo primero es quehacer del ejecutivo, para lo cual propondria delegara en la Academia, al fin, son ellos los que forman y convocan a los próximos panameños que deambularan a mediados de siglo; la visión pais ha de ser fruto de la conjunción de todas las propuestas que concurran al debate, en el entendido que quedan invitados todos los sectores, gremios, sindicatos, organizaciones, formaciones políticas y representaciones independientes, siempre que traigan una propuesta; al momento solo conocemos de tres, la formulada a titulo casi personal por consultor privado como contraprestación a contratación del Gobierno Nacional de turno para la Concertación Nacional, la del Partido Revolucionario Democrático, que sirve de base a los lineamientos de gestión del presente Gobierno y la Visión Pais 2050 propuesta por la Asociación Panameña de Empresa Privada (APEDE).

Si bien es cierto se puede llegar a reformas constitucionales por la via de lo señalado en la propia carta, aplicacando del artículo 331, en cualquiera de sus dos numerales, es decir mediante la aprobación en mayoría absoluta de dos asambleas o de dos legislaturas; método que de partida descartamos por cuanto la aspiración en primer lugar, no es de una reforma, la aspiración es la construción de un nuevo orden social y económico, amen de que la discusión y aprobación de su contenido ha de alejarse del órgano legislativo, por la percepción de carencia moral que de él se tiene, basta recordar la locución latina al respecto, “leges sine moribus vanae”, las leyes sin moralidad son vanas.

Una tercera via, la posibilidad de una Asamble Constituyente paralela es prevista en el  Artículo 314 de la Carta, la cual podrá ser convocada por decisión del Órgano Ejecutivo, ratificada por la mayoría absoluta del Órgano Legislativo, (vuelve la puerca a torcer el rabo a decir del argot popular), o por el Örgano Legislativo con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, o por la iniciativa ciudadana, para lo cual ha de acompañar a su solicitud una lista de firmas de por lo menos el 20% del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior ello es 542,740 ciudadanos, para lo que contaran con seis meses, solo a efecto de comparación.

Durante el mandato de Ricardo Martinelli, éste convoca una Comisión Especial de Consultas de las Reformas a la Constitución Política, de la cual recibe un proyecto en enero de 2012, de 590 artículos (la actual contiene 328 artículos); a decir de la propia Comisión, lo propuesto se origina en un 90% del trabajo previo realizado por el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, instancia creada mediante la Ley 20 de 25 de febrero de 2008, “Que aprueba el mecanismo de verificación y seguimiento de los acuerdos y las metas de la Concertación Nacional para el Desarrollo”, y mas que una nueva constitución se trata de una reforma integral de la Constitución vigente,

El Consejo tal como lo señala el artículo 5 de la ley que lo crea es una <<… instancia nacional público-privada de participación ciudadana en materia de consulta, verificación, recomendación y propuesta sobre el cumplimiento transparente de los acuerdos y las metas establecidos en el proceso para la Concertación Nacional para el Desarrollo.>> (Asamblea Nacional de Diputados, 2008); un análisis a la Ley en comento, nos deja claro que los objetivos de su creación no le facultan para hacerse dueño de la formulación y propuesta de una nueva carta constitucional, ello se reafirma al revisar sus funciones.

De tal propuesta podemos extraer, la reducción de poderes al Presidente y la prohibición para que los presidentes y vicepresidentes puedan ser reelegidos, elevar a rango constituciol a la Caja del Seguro Social, la prohibición para ser postulado para mas de un cargo de elección popular.

En nuestra próxima entrega, entraremos al análisis de las propuestas.

Daniel Robleto Aguilar, Abogado Consultor, Magister en Comunicación Política. Docente de Educación Superior e investigador.

Twitter: @danielrobleto

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