¿Habrá reprobado Peña en derechos humanos por no entender matemáticas?

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Una de las grandes razones por las que todo niño y niña añora, alguna vez en su vida, “apurar el tiempo y crecer”, es para librarse de tantos exámenes y dedicarse hacer “lo puro que se les antoje.” Lamentablemente eso es sólo una ilusión infantil. Los exámenes no cesarán jamás. Sólo llegarán en tiempos y formas distintas, si no, pregúnténselo a Enrique Peña Nieto. Ni siendo presidente de México, se salvó de una última prueba. La semana pasada, su gobierno fue examinado, por segunda vez, sobre la situación de derechos humanos en nuestro país.

El Examen Periódico Universal (EPU) que “aplica” el Consejo de Derechos Humanos a los 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, es un mecanismo a través del cual los países presentan sus informes nacionales sobre la situación de derechos humanos en su territorio, para que los otros Estados revisen cuáles son las violaciones más preocupantes, los retos que tiene el país, así como las prácticas que podrían implementar para mejorar la situación. A diferencia de los exámenes que nos aplican en la escuela, el EPU no otorga una calificación, sino que pone en evidencia, en la arena internacional, a los países cuyas acciones y omisiones en materia de derechos humanos se traducen en violaciones, corrupción e impunidad, como es el caso de México. Pero, en el ánimo de seguir la lógica de los exámenes escolares a los que estamos tan acostumbrados y a juzgar por lo expuesto por el Gobierno y las preguntas y comentarios que recibió México (y que pueden ver aquí), podríamos decir que Enrique Peña Nieto “reprobó”.

A esa misma conclusión, nos llevó la lectura del estudio Retos para la Transformación: Trayectoria institucional para hacer frente a graves violaciones a derechos humanos en México (y que pueden leer aquí), que fue presentado un día antes de que la delegación mexicana, enviada por el Presidente, compareciera en Ginebra para responder a todos los cuestionamientos que el mundo tiene sobre la situación de derechos humanos en México. Dicha investigación concluye que la institucionalidad creada ha respondido, en realidad, a una “administración del conflicto”, que poco tiene que ver con una solución a largo plazo que permita revertir la crisis de derechos humanos que tenemos hoy. La falta de continuidad en las políticas públicas, señala el documento, ha impedido la existencia de procesos de diseño, implementación y evaluación de las instituciones existentes. Los casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos -y que este sexenio lamentablemente tiene “para aventar pa´rriba”- son los que han establecido la pauta con la que se han creado, modificado y extinguido instituciones para hacer frente a esas violaciones.

Recordando matemáticas básicas, una función de proporcionalidad directa, es aquella en la que si una de las variables aumenta, la otra también lo hace. El balance que nos deja el EPU y el estudio Retos para la Transformación es que existe una proporción directa entre la creación de instituciones y las violaciones a derechos humanos, pues a mayor institucionalidad, mayores violaciones a derechos humanos se ha dado. Bajo la administración de Peña Nieto, se ha creado el mayor número de instituciones “protectoras de derechos humanos.” Algo falló en las matemáticas del gobierno Peñista,  la relación que debería existir entre esas variables tendría que haber resultado ser indirectamente proporcional; es decir, cuanto más instituciones, menos violaciones a derechos humanos.

Lo cierto es que ambos ejercicios – el EPU y el estudio sobre Retos para la Transformación… – han puesto el dedo sobre la llaga: una enorme deuda en materia de derechos humanos heredada por Peña (y que detonó Calderón, que no se nos olvide). Sobre esto, dos cuestiones positivas: por un lado, es la primera vez que el Gobierno federal reconoce la gravedad y magnitud de la crisis de derechos humanos que se había empeñado en negar, adjudicando responsabilidad únicamente en el crimen organizado. Por otro lado, deja una oportunidad única al gobierno entrante de “hacer historia” y revertir el ciclo de impunidad y violaciones en el que nos encontramos inmersos.

¿Habrá impactado positivamente la institucionalización en la vida de las víctimas? ¿Necesitamos seguir creando instituciones o lo que se requiere es estudiar a profundidad y con pericia, los vacíos que se requieren para fortalecer lo que ya existe? ¿Podemos realmente hablar de instituciones, o lo que tenemos son cascarones con un presupuesto asignado? Estas son preguntas que nos han surgido tras el EPU y la lectura del estudio y que, sin duda, creemos que deben ser retomadas por la nueva administración federal, la cual eventualmente, deberá aprobar varios exámenes. Quizás deberíamos concentrarnos más en este tipo de cuestiones importantes, a fin de aprobar exámenes y brindar resultados positivos, dejando de lado “las idas de pinta” que únicamente incrementan la polarización y el etiquetaje superficial, que sólo encrispa el ánimo social.

 

DESCIFRANDO DERECHOS
Gilda María García Sotelo.
Renata Demichelis Avila.
Concordia. Consultoría en Derechos Humanos.
@DH_Concordia 

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