¿El pueblo bueno a prisión preventiva?

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CATASTRÓFICA es la situación de derechos humanos que “el actual gobierno heredó, originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público” acaba de concluir la organización internacional Human Right Watch en su informe anual, 2018.

Llevamos años padeciendo esta realidad en México. No es ajena para propios, ni extraños. La actual zarandeada para “intentar salir de ésta”, se deja sentir en múltiples iniciativas. Hoy, en el día de la Constitución, queremos detenernos en una que está originando confusión en redes: la polémica en torno a la clasificación de “graves” para diversos delitos como el feminicidio, la desaparición forzada y el abuso de menores. Lo primero que hay que entender es que eso NO es lo que se está discutiendo en el Congreso, sino lo que está por definirse, es la ampliación de la prisión preventiva oficiosa para esas y otras conductas delictivas.

La propuesta busca ampliar la prisión preventiva oficiosa, ya contemplada y aplicada en nuestro país “excepcionalmente”, a otros delitos catalogándolos como graves. ¿Qué quiere decir oficiosa? Que se aplica automáticamente, imponiendo un castigo por adelantado a las personas acusadas por algún delito, socavando por completo el principio de la presunción de inocencia. La confusión llegó cuando decidieron eliminar del proyecto que se estaba discutiendo los delitos de feminicidio, desaparición forzada y abuso de menores y únicamente la dejaron contemplada para los siguientes 3 delitos: robo de hidrocarburos, uso de programas sociales con fines electorales, así como corrupción en sus modalidades de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Así fue como llegaron a los titulares de varios medios de comunicación y a las redes sociales cuestionamientos y exigencias que recriminaban que no se considerarán como graves delitos que dañan tanto el tejido social como el feminicidio.

Se entiende el hartazgo social. No se desconoce la situación de violencia actual de nuestro país, catalogada por ejemplo por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, como equiparable a la de un conflicto armado interno, pero es necesario reflexionar cautelosamente al respecto, antes de dejarnos llevar por este enojo que padecemos, antes de legislar. Por esto nos manifestamos completamente en contra de esta iniciativa de propuesta que ha sido considerada por distintas organizaciones internacionales como violatoria de derechos humanos. Y, aunque está contemplada en nuestra Constitución, no se nos debe olvidar su carácter excepcional.

Nos preocupa que con esta reforma que pretende aprobarse, se abran aún más las puertas en automático, para que el encarcelamiento de un inculpado, sea la regla de actuación durante el proceso penal, en lugar de ser una medida de ultima ratio. Existen innumerables estudios que demuestran que serán principalmente las personas de escasos recursos económicos, las más vulnerables, ante la falta de herramientas y recursos para enfrentarse a un sistema plagado de corrupción como es el nuestro. Las y los expertos lo han señalado ya, las cárceles están sobre todo pobladas por jóvenes de orígenes modestos que no tuvieron recursos para procurarse una defensa legal justa.

Lo oficioso no puede ser sinónimo de lo automático, vulnerando principios y derechos humanos ya reconocidos en los ordenamientos protectores de los derechos humanos. Ni siquiera argumentando situaciones reales de crisis nacional y de hartazgo social. La actual LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión tiene un gran reto ante sí. Esperamos lo sepan resolver con perspectiva de derechos humanos y actúen respetando no sólo nuestra Constitución, sino todos los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito, obligándose a cumplirlos.

DESCIFRANDO DERECHOS.
CONCORDIA. Consultoría en Derechos Humanos.
@DH_Concordia

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