Si 25 años después del magnicidio de Colosio no sabemos quién lo mandó ejecutar, ¿qué esperanza podemos tener el resto de mexicanos ante el sistema de procuración e impartición de justicia de nuestro país? En la investigación del caso Colosio han desfilado cuatro fiscales instructores, el expediente se ha integrado con 68.000 hojas, sin arrojar autores ciertos. Sin embargo, nos siguen vendiendo “la versión oficial” de que fue Mario Aburto, un obrero pobre con supuestos antecedentes psiquiátricos, el que actuó como un lobo solitario. Levante la mano quien se lo crea.

¿Cuánto pagaría usted, para recuperar con vida a su familiar desaparecido? Lo que quiera a que su respuesta no tiene cifra. No alcanza. En México las cifras por violencia extrema no dejan de subir y superarse a sí mismas. El primer bimestre de 2019 rompió todos los récords, alcanzando a 5,803 personas asesinadas en México.[1]

¿Cómo se supone que el común de los mexicanos tenemos que vivir tranquilos? ¿Cómo pretenden que creamos vivir en “un país en paz”, cuando son asesinadas 100 personas diarias[2]? ¿Acaso será con la misma suposición con la cual nos entretiene el béisbol mientras seguimos desapareciendo? ¿Cómo sabemos que el proyecto de vida de nuestros hijos y el nuestro, no quedarán truncados a medio camino? ¿Dónde están las autoridades que nos cuidan? A eso que llaman: “Estado de Derecho” ¿dónde quedó?

De esto saben mucho las familias de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Franciso Arredondo Verdugo. Quizás escucharon sobre ellos esta semana, porque son los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey (ITESM), que fueron torturados y ejecutados por el ejército mexicano el 19 de marzo del 2010, en las instalaciones de su universidad. Tras nueve años de lucha incansable por parte de los padres, compañeras y compañeros de los estudiantes, el pasado martes 19 de marzo se llevó a cabo la disculpa del Estado mexicano por la ejecución extrajudicial de Jorge y Javier, y el reconocimiento público de su inocencia. Seguramente les sonará el documental “Hasta los dientes” que contribuyó enormemente a difundir esta serie de abusos por parte del Estado mexicano, particularmente del Ejército contra ellos.

Los estudiantes no sólo fueron torturados y ejecutados por miembros del Ejército mexicano, “nuestras autoridades”, sino que además por varios años se pretendió hacer pasar a los propios estudiantes, por sicarios “cargados hasta los dientes” como peligrosos delincuentes, para justificar lo que les había sucedido. De ahí, el nombre del documental.

De no haber sido por la fuerza incansable de sus familiares, apoyo de compañeros, compañeras y organizaciones de la sociedad civil, no se hubiera logrado lo que pasó hace una semana: que el Estado mexicano ofreciera una disculpa pública reconociendo la inocencia de los estudiantes.

En redes sociales no se hicieron esperar las reacciones. Entre otras, aludiendo a que la actual administración se pusiera a trabajar y dejara atrás el pasado, asegurando que no servían de nada actos como ese. Quienes así piensan, están equivocados. No existe una reparación posible sin un perdón a las víctimas. Esa palabra que, en un contexto de desapariciones sistemáticas, son el inicio de una búsqueda por encontrar la verdad y la justicia que tanto se les debe, pero también para llegar a una reparación integral.

¿Qué es eso de la reparación integral? ¿Cómo es que una disculpa pública puede “reparar” el daño causado a los familiares de Jorge y Javier? La obligación de reparar una violación cometida con responsabilidad o conocimiento del Estado, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Además es un derecho de las víctimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en el cumplimiento de esa obligación, cuando se trata de una violación grave a los derechos de una persona, como es el caso de la tortura, la desaparición y la ejecución, no basta con una “indemnización” como si de bienes patrimoniales se tratara únicamente. Lo que se ha ido buscando es una “reparación integral”… en la medida de lo posible.

Las medidas de reparación integral, si bien es cierto, no pueden restituir el derecho violado pues no se puede devolver la vida de los estudiantes ejecutados, implican también medidas de rehabilitación, de satisfacción y garantías de no repetición; como por ejemplo, ordenar una investigación efectiva e imparcial, reintegrar gastos a las familias y pedir una disculpa pública. Lo que se busca con ello es no sólo resarcir el daño a las víctimas, sino prevenir casos futuros y castigar a los responsables.

Principalmente, la disculpa pública implica un reconocimiento por parte del Estado sobre su responsabilidad en los hechos, lo que reivindica a las víctimas. Esas víctimas a las que activamente se les había desacreditado, llamando “delincuentes”, y se les había negado el acceso a la justicia. Es así como un perdón puede ser más efectivo y significativo, que únicamente entregar dinero a las víctimas.

Resulta irónico que el mismo día en que se ofrece disculpa pública a través de la Secretaria de Gobernación, como parte de la reparación del daño en la desaparición de Jorge y Javier, simultáneamente, se realicen otras dos marchas más para exigir justicia en la desaparición de otros estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, en Guadalajara, de nombre Marco García Avalos, Javier Salomón Aceves Gastélum y Daniel Díez García.

Ante ello, urge a México avanzar hacia la consolidación de una política de reparación verdaderamente integral en el sistema de impartición y administración de justicia, que nos aleje de episodios dantescos y contradictorios como es ver al Estado pedir disculpas por el asesinato de unos, mientras las desapariciones y ejecuciones de otros, continúan ¿Y los demás? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Quedarnos sentados “pidiendo o rezando” para que nada les pase jamás a los nuestros? Ojalá hoy más que nunca entendamos que “no son tres, somos todos.” Que al unísono en el que tanto se está hablando del “magnicidio de Colosio”, se reconozca la urgencia de sanar de raíz el sistema de procuración e impartición de justicia. Menos béisbol y más justicia.

 
DESCIFRANDO DERECHOS
Gilda Ma. García Sotelo.
Renata Demichelis Avila.
CONCORDIA. Consultoría en Derechos Humanos.

[1] Véase: https://www.animalpolitico.com/2019/03/homicidios-primer-bimestre-2019-violencia/ Primer bimestre de 2019, el inicio de año más violento del que se tenga registro 5,803 personas asesinadas.

[2] https://www.animalpolitico.com/2019/02/violencia-enero-record-homicidios-secuestros/ Nuevo récord de violencia en enero: 2 mil 928 homicidios y 164 víctimas de secuestro.

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