Mtro. Ezequiel Bonilla Fuentes.

Desde hace varios días he venido recordando uno de los mejores momentos que hasta ahora he tenido en mi vida profesional.  Cuando tuve la fortuna de participar en un par de controversias constitucionales que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 2006 y 2007 (31/2006 y 12/2007) durante las cuales conocí a uno de los Ministros que ha dejado huella en el mundo del Derecho y que sin duda se le extrañará por sus grandes aportaciones en materia de derechos humanos: el Maestro @José Ramón Cossío Díaz.

La materia central de esas controversias constitucionales y de las cuales el ponente en la primera de ellas fue precisamente el Ministro Cossío, tiene en este momento de la historia de nuestro país, una singular importancia; me refiero a la defensa de los órganos que, por mandato constitucional y/o legal, gozan del carácter de autónomos, así como el reforzamiento de la división de poderes.

Recordemos que hace unos días el ministro Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión de la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que señala que ningún funcionario puede ganar más de lo que gana el presidente, ello en el marco de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de senadores y senadoras de la República.

El argumento central de la acción de inconstitucionalidad es el rechazo a la injerencia entre los diferentes poderes de la Unión, es decir, que el poder ejecutivo no puede estar por encima de los poderes legislativo y judicial, lo cual tendría un grave impacto en el principio de separación de poderes y en la transgresión a la autonomía de los diversos entes que cuentan con ella.

Aquí es en donde regreso a mi historia de hace 12 años, en donde en aquellas controversias constitucionales se luchó por que se respetaran los límites o barreras de la distribución al ejercicio del poder, evitando con ello su indebida y nada útil concentración.

En ese entonces, se dejó claro que, en el marco de flexibilidad de la Teoría de la División de Poderes, ahora se encuentran los órganos constitucionales autónomos, que surgen frente a la necesidad de contar con instituciones confiables, serias y dotadas de legitimidad, que garanticen la adecuada y transparente gestión pública. Esta necesidad se hace más apremiante tratándose de aspectos trascendentes, como es el caso de la defensa de los derechos humanos y el control y la rendición de cuentas, además de la organización y calificación de las elecciones para la integración o renovación de las autoridades públicas.

Independencia y autonomía son principios que se encuentran indisolublemente unidos y en la génesis de estos órganos del Estado. La Corte, con motivo de las controversias constitucionales 31/2006 y 12/2007[1], resaltó, entre otras cosas, que la naturaleza de los órganos autónomos, implica la facultad de decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes relativas, sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos.

Vienen otras luchas por la defensa de la autonomía de los órganos del Estado que se han creado para fines muy determinados, con actividades especializadas que han costado años de trabajo para poder lograr su consolidación.

No estamos en contra de las medidas de austeridad, pero sí de aquéllas que se toman sin hacer un análisis profundo de la problemática real, a raja tabla. Por ejemplo, la Ley de Austeridad Republicana, próxima a aprobarse, elimina entre otras cosas, los bonos, tema en el cual ya se dio un conflicto jurisdiccional en aquél 2006, en el que, a través del artículo quinto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2006, determinó no autorizar, entre otros servidores públicos, a los de mandos medios y superiores de los órganos autónomos, bonos o percepciones extraordinarias a su salario durante el citado ejercicio fiscal.

Dicha determinación se consideró invasivo a la autonomía y competencia del entonces Tribunal Electoral del Distrito Federal, pues incidía en su autodeterminación y en las facultades, validez y eficacia que tiene como órgano normativo en la toma de decisiones respecto de la asignación y destino del presupuesto que le es asignado.

Además se determinó que la Asamblea Legislativa tampoco debía delimitar su soberanía e independencia restringiendo las prestaciones de sus trabajadores de mandos medios y superiores, ni los montos de las remuneraciones que les corresponden a los servidores públicos por trabajos extraordinarios derivados de las elecciones efectuadas en el año dos mil seis.[2]

Como vemos, estas medidas implementadas por el actual gobierno se han querido aplicar  en otras épocas, perdiendo de vista las repercusiones a la naturaleza y funcionamiento de los órganos autónomos y de la importancia a la división de poderes. Veremos qué dice la Suprema Corte, ahora, con la ausencia del Maestro José Ramón Cossío. ¿Será congruente nuestro Máximo Tribunal y resolverá en los términos en que lo hizo en los tiempos en que lo integraba un férreo defensor de derechos humanos?


[1] En esas controversias se reclamó que en materia presupuestaria, el TEDF, en su calidad de órgano autónomo, goza de “autonomía” para la elaboración de su presupuesto de egresos; maneja, administra y ejerce su presupuesto conforme a sus propias leyes, así como a las normas que al respecto emita y, en el ejercicio de su gasto, puede efectuar las adecuaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus programas, previa autorización de su órgano competente y de acuerdo a la normatividad correspondiente, sin exceder sus presupuestos autorizados. En contravención a esas normas, los artículos impugnados facultaron al Ejecutivo local para expedir normas inherentes a la interpretación y a la aplicación del propio Decreto de presupuesto, a la vez que obligó a los sujetos pasivos, entre ellos al TEDF, a cumplir con dichas normas; se le facultó para efectuar los ajustes que correspondieran a los presupuestos autorizados, entre otros, a los órganos autónomos del entonces Distrito Federal, en caso de que se presentara una disminución en los recursos previstos en la Ley de Ingresos y, en 2006, se estableció además una limitación de carácter absoluto a la autorización de bonos o percepciones extraordinarias al salario de los servidores públicos de mandos medios y superiores de los órganos autónomos, lo cual se estimó como atentatorio de la autonomía del TEDF, ya que a éste corresponde autorizar las remuneraciones a su personal.
[2] TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 1903/2006. Vicente Andapia Rey y otros. 15 de noviembre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretaria: Ma. Luisa Pérez  Romero.

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