De acuerdo con datos que hoy da a conocer la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen 6 mil 879 millones de pesos en la actual Administración federal. Tales desvíos se habrían dado entre 2012 y 2016, a través de una triangulación de recursos vía contratos entre dependencias. La información se dio a conocer ayer durante el Informe General de la Cuenta Pública 2016.

Además, el organismo alertó sobre los riesgos de fraude y corrupción al registrarse un abuso del esquema de excepción de contratos entre entidades públicas. Algunas de las dependencias involucradas en estos desvíos son la Sedesol, la Sedatu y la Sagarpa, así como la Conagua, el ISSSTE, Diconsa, la Conapesca, la CFE y los institutos nacionales de Desarrollo Social y para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural.

“En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas. “La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante”, cita la ASF en su informe.

Información del periódico Reforma destaca que, vía contratos suscritos por la Sedesol y la Sedatu, con Rosario Robles como titular, se desviaron mil 311 millones de pesos mediante la simulación de contratos con Radio y TV de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación.

Cabe destacar que, en la revisión de 2016, la ASF reportó en 12 auditorías la simulación de servicios contratados para consultorías, asesorías y servicios relacionados. Asimismo, en la realización de estudios técnicos y ejecución de tareas de supervisión.

Para acabar con estas irregularidades y aminorar la opacidad, propuso obligar a los titulares de las dependencias a firmar los contratos. La ASF explicó que los convenios entre dependencias del sector público se hicieron al amparo de la excepción permitida en la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para realizar asignaciones directas entre dependencias públicas.

“Las auditorías forenses han documentado la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos”, remató el organismo en su análisis.

Con información de Reforma

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