Gabriel Lunez y su hijo Pedro, dos indígenas tzotziles desplazados de su comunidad en Chiapas, salieron una noche de su refugio en lo alto de la montaña, entre matas de café, sin linternas y en silencio para no alertar a los francotiradores.

Hacía más de un año que vivían escondidos en un campamento instalado en un pequeño llano detrás de las barrancas, a un kilómetro de su poblado, Cocó, que se había convertido en un territorio de tiroteos diarios. Las balas cruzaban justo a la altura de la cocina de la familia de Gabriel Lunez.

Las primeras versiones oficiales atribuyen este conflicto a la lucha por un predio de 60 hectáreas entre habitantes de dos comunidades, pero los actores entrevistados dicen que el motivo es el rearme de los grupos paramilitares que nacieron en los 90 al amparo de las autoridades después del levantamiento zapatista.

Durante la habitual conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas refrendó esta versión: “(Hay) presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados presuntamente a la delincuencia organizada han generado niveles de violencia”, dijo.

El hambre que tenía la familia de Gabriel los obligó a idear un plan desesperado: cavar furtivamente una trinchera debajo de su cocina para hacer tortillas de maíz bajo la línea de fuego.

La excavación se prolongaría durante meses, con viajes nocturnos de ida y vuelta por senderos y cañadas secundarias. Gabriel Lunez y su hijo sabían que algunos vecinos que se habían aventurado  por rutas similares para cuidar sus cosechas habían sido asesinados. Aquellas noches María Magdalena Pérez, la madre de la familia, esperaba con sus otros 11 hijos, descalza, vestida con traje de enagua azul y huipil rosado, con sus manos sobre el regazo o enmarcando sus mejillas, extrañando amasar el maíz.

“Pasábamos hambre hasta que se calmaban los tiros”, recordaba en el campamento, que permanecía en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el murmullo de los hombres que debatían una solución para el desplazamiento, y el llanto de los bebés.

En el campamento tampoco hay mucho que comer: cuando lo visité las despensas para cien personas eran apenas dos cubetas medio llenas de maíz y algo de comida enlatada, el agua la tomaban de un nacimiento contaminado y las mamás repartían pozol (bebida de maíz licuado en agua) a niños y bebés de boca en boca en envases de plástico reciclados. El remedio para las diarreas y enfermedades respiratorias eran los rezos.

Es por eso que la familia Gabriel regresa con frecuencia a su cocina. Con el paso de las noches, las ollas, las sartenes y el fogón quedan resguardados por el muro de contención que les ayuda a cocinar las tortillas o los frijoles. Cuando Gabriel y su hijo acaban el trabajo, llega el turno de las mujeres, que los relevan en esas incursiones nocturnas para cocinar en la trinchera. María Magdalena todavía esperaba en el campamento porque, a sus 49 años, su vista no era suficiente para caminar entre los cafetales en la oscuridad.

La zona cero del conflicto es una cañada que divide los municipios de Chenahló y Aldama, un paisaje idílico donde corre el agua a través de formaciones rocosas. Los comuneros dicen “allá al fondo” cuando nombran la cañada y en los últimos tiempos siempre agregan que da miedo ir “allá al fondo”. Las montañas presiden el paisaje, ahora también las trincheras en las dos orillas de la cañada donde se apostan hombres armados con fusiles. En los caminos de tierra hay casquillos percutidos regados por el suelo.

Los primeros desplazados fueron las siete familias que vivían en un predio cercano a la cañada, sembrado con maíz, frijol y, principalmente, café. Era junio de 2016.

“A balazos nos fueron a sacar de nuestras casas. Nos despojaron de nuestro hogar, de nuestras tierras, nos quitaron los cafetales, les cortaron el fruto y luego le echaron machete”, dijo Claudia Pérez García, una de esas primeras víctimas, desde la cabecera municipal de Aldama donde vive actualmente.

“Primero les fueron quitando sus casas, sus pollos y ya cuando no les quedaba nada, fueron amenazados con armas de fuego y les quemaron sus casas”, contó un lugareño que no ha sido desplazado y sólo pidió identificarse como “Tino” por motivos de seguridad.

A partir de enero de 2018 las miras de los tiradores apuntaron más arriba y alcanzaron las casas de familias de cuatro comunidades —Kotsilnab, Tabak, Cocó y Xuxchen— separadas por un kilómetro y medio. Fue así como la familia de María Magdalena Pérez huyó hacia la montaña.

“Salimos con lo que llevábamos puesto. Todos sin nada. Si hacía frío y lluvia, teníamos que aguantar. Los que sufren más son los pequeños. Ahí estaban llorando también ellos”, dijo.

María Magdalena, que tuvo a sus 12 hijos en su comunidad. Sus abuelos y sus bisabuelos también nacieron en Cocó y se dedicaban a producir café. Las fincas eran el sustento de la familia hasta que estalló el conflicto armado. Era su única forma de tener dinero para comprar otra cosa que no sea maíz o frijoles.

Las autoridades de Aldama afirman que cinco personas fueron asesinadas, cazadas desde las trincheras. Al menos dos mil huyeron hacia los parajes donde se formaron los campamentos de desplazados. Horizontal contactó vía telefónica al alcalde de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez, pero pidió realizar la entrevista en otra ocasión y hasta el momento no ha sido posible contactarlo de nuevo. Tampoco entrar a la comunidad de Santa Martha para conocer la situación de ese lado de la cañada.

Fuente: Animal Político

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