La junta omitió el estudio donde se probó el destino de los recursos provenientes del fideicomiso minero disuelto en el 2005, argumenta.

Entre impugnaciones y después de 4,000 días, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió un fallo en el que da la razón a los trabajadores mineros para reclamar parte de 55 millones de dólares que se integraron en un fideicomiso otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos por la privatización de Mexicana de Cobre y Mexicana de Cananea, el cual afirmó que impugnará dicha decisión.

Dicho fideicomiso se formó en el 2005, pero se desintegró, según consta en el expediente, por el secretario general del Sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, quien después de 14 años y de haber realizado dos huelgas en contra de Grupo México, recibió 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat.

Sin embargo, el fideicomiso debió ser entregado a los trabajadores que pertenecían a esas empresas de Grupo México, hecho que no ocurrió y por lo que se presentó una demanda en la Junta Federal de Conciliación, encabezada por Elías Morales.

La representación legal en México de Gómez Urrutia, el abogado Carlos de Buen, confirmó que el Sindicato fue notificado del fallo emitido por la Junta Federal de Conciliación, cuyo expediente está compuesto por 600 hojas y en donde refiere que la organización sindical debe pagar a los trabajadores su parte.

Al respecto, Gómez Urrutia calificó como ilegal el fallo emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que lo obliga a devolver a los trabajadores 55 millones de dólares.

Fuente El Economista

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