El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador litiga ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en siete acciones de inconstitucionalidad y seis controversias constitucionales, y ante Tribunales Colegiados de Circuito en 5 mil 631 juicios de amparo interpuestos por ciudadanos, partidos y organizaciones por casos como el aeropuerto de Santa Lucía, la operación de la Guardia Nacional, la ley de salarios máximos y la cancelación del programa de estancias infantiles, entre otros.

De acuerdo con información obtenida por El Economista, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República litiga ante la Corte por la interposición de una controversia constitucional por la cancelación de estancias infantiles, y cinco controversias y dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

También por la interposición —por parte de partidos u organismos como la CNDH— de cinco acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley de la Guardia Nacional y Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Asimismo, el gobierno federal presenta argumentos ante tribunales colegiados de circuito por la interposición de 1,449 juicios de amparo en contra de la cancelación de estancias infantiles, y 4,030 juicios por la reducción de salarios contemplada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

El gobierno también sostiene una batalla legal en tribunales por la interposición de 40 juicios de amparo en contra de la Ley de la Guardia Nacional, 15 por la Ley Nacional de Extinción de Dominio y 97 por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y el inicio de obra de un aeródromo en la base de Santa Lucía.

El presidente López Obrador ha fustigado contra ciudadanos como Claudio X. González y organismos como la Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, por promover amparos contra proyectos de su gobierno como Santa Lucía.

También contra los funcionarios públicos que se ampararon contra la reducción de salarios contemplada en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

A decir del presidente, son actos jurídicos que “sabotean” los cambios que promueve la cuarta transformación del país.

“Yo llamaría a los opositores; la Coparmex, que es activista, siempre pensé que era como un sector de un partido y ahora está quedando de manifiesto (…) Claudio X. González, que transparenten de dónde sacan dinero para todas estas campañas”, demandó el mandatario el 23 de septiembre pasado.

 

Fuente: El Economista

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