Las violaciones a los derechos humanos durante las protestas realizadas de abril a septiembre pasados en Venezuela, son “parte de una práctica sistemática de las fuerzas de seguridad” de ese país.

Human Rights Watch (HRW), con sede en la capital estadunidense, y la venezolana Foro Penal (FP) divulgaron este miércoles el informe conjunto “Arremetida contra opositores”, que denuncia esa práctica sistemática.

Las conclusiones del documento coinciden “ampliamente con las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)” de agosto pasado, subrayaron ambas organizaciones.

En su reporte, ACNUDH informó sobre la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones” en Venezuela”.

Ahora HRW y FP documentaron 88 casos que afectaron al menos a 314 personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos entre abril y septiembre pasados.

Tales violaciones fueron efectuadas por efectivos de distintas fuerzas de seguridad y los llamados “colectivos” en la capital Caracas y 13 estados: Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Barinas, Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia.

A pesar de las “evidencias abrumadoras” de los hechos, “no conseguimos prueba alguna de que altas autoridades en puestos clave —incluidos aquellos que sabían o han debido saber sobre los abusos— hayan adoptado medidas para prevenir o sancionarlos”, indican.

“Por el contrario, a menudo han restado gravedad a los abusos o han negado indiscriminadamente, y con absoluta inverosimilitud, lo sucedido. Estos altos funcionarios son responsables por los abusos graves y extendidos que se han cometido bajo su mando.”

HRW y FP reconocen que algunos manifestantes cometieron actos violentos y existe la obligación gubernamental de llevarlos ante la justicia.

Sin embargo, acotan, “es improbable que un opositor acusado de algún delito reciba un juicio justo actualmente en Venezuela, debido a la ausencia absoluta de independencia judicial en el país.”

Precisaron que en 53 casos correspondientes a 232 personas detenidas, estas fueron sometidas a descargas eléctricas, golpizas brutales, ser colgadas en posiciones incómodas y forzadas, privaciones del sueño, asfixia y abuso sexual, incluida la violación.

Otros abusos consistieron en la detonacion de cartuchos de gases lacrimógenos en espacios cerrados donde había personas detenidas.

También “mantener a grupos de detenidos por períodos prolongados en celdas de confinamiento minúsculas, y negarles acceso a alimentos o agua u obligarlos a comer pastas crudas mezcladas con excrementos u otros alimentos contaminados deliberadamente con cenizas de cigarrillos o insectos.”

Se negó acceso médico a algunos detenidos, además de que al menos en siete casos se registraron torturas, mientras que en decenas de casos más hubo tratos crueles, degradantes e inhumanos, algunos casi rayando en la tortura.

Aseguran que “en octubre, Human Rights Watch y el Foro Penal solicitaron al gobierno venezolano información actualizada sobre el estado de todas las investigaciones que estuvieran en curso, pero al momento de publicación de este documento no habían recibido una respuesta”.

“Salvo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, que, al parecer, habría sido destituida por criticar abiertamente al gobierno, las altas autoridades no parecen haber adoptado medidas adecuadas para poner fin a los abusos o establecer responsabilidades penales, ni tampoco apoyaron públicamente los esfuerzos de Ortega Díaz para investigar abusos”.

Entre los funcionarios omisos citan al presidente Nicolás Maduro, quien es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, incluidas la Guardia Nacional Bolivariana y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Al mayor general José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. El general en Jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas.

También el mayor general Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia. El general Carlos Alfredo Pérez Ampueda, director de la Policía Nacional Bolivariana. El mayor general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Y por último el General Edgar Rojas Borges, fiscal general militar.

 

Fuente: Notimex

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