La rotundidad de la frase despeja las dudas abiertas durante meses sobre la postura del Gobierno en este asunto tan sensible. Desde que el pasado mes de abril EL PAÍS tuvo conocimiento de la existencia de estas mujeres, sospechosas de haber cometido delitos terroristas y sobre las que pesan órdenes de detención emitidas por la Audiencia Nacional, el Ejecutivo había asegurado que estaba realizando los controles de seguridad y de identificación pertinentes para decidir qué hacer respecto a las mujeres y los menores.

Consciente de que resulta muy probable que tengan que rendir cuentas ante la justicia al llegar a España —lo más previsible es que entren directamente en prisión—, Borrell ha añadido en la Eurocámara: “Un ciudadano español siempre lo es y si tiene cuentas con la justicia se le pedirán”.

El todavía ministro, que durante tres horas se ha examinado sobre una materia mucho más amplia, la política exterior y de seguridad europea, no ha detallado a cuántos españoles afectará la repatriación. Hasta ahora el trabajo que hacían los ministerios implicados en esta causa, entre ellos el de Interior y el de Exteriores, trataba de determinar si todos los afectados tienen nacionalidad española —es decir, si el relato de las mujeres es fidedigno— y qué hacer con los menores cuyas madres tengan que enfrentarse a la justicia. El breve relato de Borrell, la primera voz del Gobierno que se pronuncia sobre este asunto, respondía a la pregunta que le ha lanzado el eurodiputado Thierry Mariani, de Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen.

El Ejecutivo español ha dilatado enormemente esas comprobaciones del caso de las presuntas yihadistas. Su situación de provisionalidad y la inminencia de unas nuevas elecciones han retrasado las gestiones. Pese a todo, la justicia ha debido encontrar ya evidencias sólidas de su presunta implicación en delitos ligados al terrorismo porque ha lanzado cuatro órdenes de arresto. Las cuatro mujeres han mostrado su voluntad de volver a España, pero hasta ahora no ha habido decisión oficial. Las palabras de Borrell sugieren que sí se ha tomado la determinación política, aunque aún no se hayan dado los pasos para traer al colectivo desde los dos campos de retención en los que se encuentran: Al Roj (en el norte de Siria, junto a la frontera con Turquía) y Al Hol (noroeste).

Fuente: El País

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