El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rechazó que el haber procedido para reunir las evidencias que llevaron a juicio a su antecesor, Roberto Borge, sea un asunto de “persecución política” o de “vendetta personal”, como acusó el ex mandatario estatal durante la audiencia en la que fue vinculado a proceso el 13 de noviembre pasado.

“No hay tal, simplemente es un tema de justicia, de revisión de auditorías, de revisión de documentos, de adquisición de bienes, de predios; lo que ahí está ocurriendo es un tema absolutamente de investigación y de justicia, que es lo que él pueblo de Quintana Roo ha pedido”, expresó, Carlos Joaquín.

Entrevistado luego de la inauguración del Summit Petroleum & Energy, que inició hoy en Cancún, con la presencia del sector energético del país y embajadores de Croacia, Quatar, Nigeria y Kazajstán, Joaquín González subrayó que los procesos que se siguen contra Borge Angulo en el ámbito local, forman parte del combate a la corrupción y la impunidad.

“A mi me interesa que se evite la impunidad y que se trabaje en bien de la honestidad, la transparencia y la justicia”, dijo y agregó que hay diversos ex funcionarios que se encuentran en prisión y dinero que se ha recuperado, a partir de las denuncias hechas por su administración y fruto de la acción de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.

“Hay una cantidad importante de gente que ha sido declarada culpable, ha hecho devoluciones al erario y ha tenido la posibilidad de llevar un juicio fuera de la cárcel; me parece que ha avanzado.

“Nos falta mucho todavía, porque no es tan fácil encontrar y alcanzar las investigaciones que requerimos, pero se ha avanzado mucho”, sostuvo.

El miércoles pasado, durante la audiencia pública celebrada por videoconferencia, en que fue vinculado a proceso, Borge Angulo se dijo “preso político” y “víctima de una persecución” por parte de Carlos Joaquín.

Incluso acusó al juez, Ramón Aldaz Bencomo, de actuar bajo consigna y emitir una resolución presuntamente elaborada desde la Consejería Jurídica del gobierno estatal, bajo la probable autoria de Juan de la Luz, quien funge como asesor del ejecutivo del estado, al que nombró como el “auto llamado vicegobernador”.

Borge es acusado a nivel federal y local por diversos delitos, a partir de denuncias interpuestas por la organización Somos Tus Ojos y por el gobierno estatal, por el probable despojo patrimonial a la entidad, de recursos y de terrenos públicos; de otorgar concesiones indebidas, del uso de prestanombres, para favorecerse a sí mismo y a familiares y amigos, entre otras cosas.

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