CNDH pide se investigue masacre ocurrida en Allende, Coahuila en 2011

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El organismo señaló que en los hechos cocurridos en 2011 en una localidad de Coahuila se cometieron violaciones graves a los derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y al Gobierno de Coahuila para que investiguen una masacre perpetrada por Los Zetas en 2011 en la localidad de Allende, en Coahuila. El organismo también se pronunció por los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario Varonil en Piedras Negras, que fue usado por Los Zetas como centro de operaciones entre 2009 y 2012, durante la gestión de Humberto Moreira y posteriormente, de su hermano Rubén. Las autoridades deberán indagar los vínculos de servidores públicos federales, estatales y locales (de Allende y Piedras Negras), por sus vínculos con la organización criminal.

Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 un grupo armado perteneciente al cártel de Los Zetas asesinó a decenas de personas (versiones recogidas en la prensa sitúan a las víctimas en 300) y destruyó 40 residencias y siete ranchos en Allende, una pequeña localidad cercana a la frontera con Estados Unidos. “La gente corría a la garita, buscando protección del cuartel militar, que no debe estar más lejos que dos kilómetros, pero los soldados respondían que no tenían instrucciones de intervenir y se replegaron, y también se tuvo que replegar la gente que iba en pedido de ayuda”, según el testimonio recabado por la CNDH.

El caso puso en evidencia el control que tenía el cártel en la localidad en colusión con los policías. “No son 300 víctimas, son muchas más personas […] esto empezó un viernes [18 de marzo de 2011] a las cinco de la tarde, de pronto llegaron y pescaron a la ciudad por sorpresa. Eran unas sesenta camionetas, con muchos hombres armados. La matanza se dio ahí mismo, pero se llevaron los cuerpos. Se llevaron a muchos inocentes […] hasta el día de hoy hemos contabilizado unas 46 viviendas. La matanza terminó la siguiente semana”, señala un testigo que fue consultado por la CNDH.

En su informe el organismo tuvo acceso a documentos de las indagatorias que han realizado las autoridades y también entrevistó a víctimas de los hechos.”La Policía Municipal tuvo mucho que ver en la matanza, de hecho pusieron el dedo a muchas víctimas y ya no forman parte de la institución, algunos escaparon de la justicia y otros están empezando a ser detenidos”, se lee en uno de los testimonios que anexó la Comisión a la recomendación oficial.

El orgamismo señaló que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos: “A la legalidad, seguridad jurídica y libertad personal derivado de las detenciones arbitrarias cometidas en agravio de 34 personas, así como de diversos pobladores del municipio de Allende, cuya identidad no fue posible establecer y la privación ilegal de la libertad de 5 menores de edad, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública (local)”. También se registró la desaparición forzada de 38 residentes de esa localidad, entre ellas tres menores de edad, que de acuerdo con las actuaciones ministeriales, aceptaron pertenecer al grupo delictivo.

La CNDH también recalcó que se violentó el derecho a la debida procuración de justicia y a la verdad ante el incumplimiento de la persecución de los ilícitos, así como por la dilación e irregular integración de las indagatoria, iniciadas con motivo de la desaparición forzada de 39 personas atribuida a servidores públicos de la entonces Fiscalía de Coahuila.

Se solicitó al Gobierno de Coahuila y al presidente Municipal de Allende, reparar de manera integral los daños a las víctimas indirectas afectadas por la detención arbitraria y la desaparición forzada de sus familiares para lo que deberán ofrecer una disculpa pública. También les ordenó garantizar el retorno de las personas víctimas de desplazamiento forzado para que puedan volver a su lugar de origen.

La Fiscalía general (PGR) deberá iniciar una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos de Allende por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada tras la masacre de Allende.

Fuente: El País

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