La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Rosario Robles esfumó 7 mil 567 millones de pesos del FONDEN para la reconstrucción de viviendas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Este faltante millonario fue detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2017.

Las observaciones también forman parte de las denuncias que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando como seguimiento al proceso de reconstrucción.

La ASF detectó las irregularidades, tanto en el proceso de recabar y procesar información de los damnificados, así como en la distribución de los recursos millonarios que tuvo la dependencia mientras Robles Berlanga era su titular.

Incluso, la Auditoría señala graves anomalías en el censo y padrón que se levantó en ese momento para repartir las tarjetas bancarias, en las que serían depositados los recursos a los damnificados de ocho estados.

En estas irregularidades también estuvo involucrado Bansefi, entidad bancaria encargada de la dispersión de los plásticos y de los recursos que se depositarían para los damnificados por los sismos.

La Sedatu y Bansefi, originalmente tenían considerado dispersar 3 mil 810 millones de pesos para las ocho entidades federativas; sin embargo, el recurso que autorizó el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 FONDEN fue por 6 mil millones de pesos, es decir, un importe superior en 2.2 mil mdp, detalla.

Por su parte, la Sedatu proporcionó a BANSEFI una versión del Censo y Padrón que contenía la cantidad total de 8 mil 922 millones de pesos, pero al final Bansefi presentó otras cifras, lo que hace que la información proporcionada a la ASF fuera inconsistente.

De esta forma, se comprobó que al revisar a detalle los acuerdos de las reuniones de trabajo celebradas para atender a la población afectada, se observó que en los tres niveles de gobierno no existe el personal capacitado, ni las brigadas necesarias para llevar a cabo este tipo de actividades, como la evaluación de daños y el levantamiento del censo y padrón, es decir, se hizo un trabajo poco profesional.

Por ejemplo, para el Estado de México, la Sedatu sólo proporcionó información de 35 personas que participaron en la evaluación de daños y revisión de las actas; ahí se identificaron incongruencias y falta de supervisión en el llenado de las mismas.

Además, los datos plasmados en éstas no coinciden con las bases de datos publicadas como definitivas en la página web de la Sedatu, ni con las bases de datos proporcionadas a Bansefi para la dispersión del recurso mediante las tarjetas de débito del FONDEN.

Al respecto, se observó incongruencia entre los datos plasmados en las Actas de Cierre y los contenidos en el Censo y Padrón Definitivo, con una diferencia de 81 mil 407 viviendas, entre el total de viviendas dañadas del Censo y Padrón publicados respecto de la información contenida en las actas.

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