Auditoria de Quintana Roo va contra 84 exfuncionarios del Borge

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Aunque se reservó el nombre de los ex funcionarios, bajo la explicación de la presunción de inocencia y para evitar afectar el debido proceso, el Auditor Superior del Estado, el interino Manuel Palacios Herrera, dio a conocer que presentaran 27 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado que involucra a 84 ex funcionarios estatales y municipales por un monto de once mil 813 millones de pesos.

En reunión con integrantes de la Comisión de Hacienda, encabezados por el diputado Emiliano Ramos Hernández, así como por el Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, el auditor interino indicó que, una vez recibido el acuerdo del pleno del Congreso correspondiente al 17 de febrero de 2017 -en el que se mandata la cumplimentación de las auditorías de 2015, así como las que se tienen que realizar por mandato de ley de 2016-, se concluyó que sí hay elementos para proceder a la denuncia de 84 funcionarios de los dos niveles de gobierno implicados en los presuntos delitos.

“Vamos a presentar en total 27 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado. En total se presentarán 27 denuncias por un importe total de 11 mil 813 millones de pesos, integrándose para la denuncia, un total de 84 funcionarios estatales y municipales”, explicó el auditor ante los legisladores.

En esta reunión a la que también asistieron los diputados Gabriela Angulo Sauri, José Esquivel Vargas y Ramón Javier Padilla Balam, se informó que estas auditorías realizadas suman 160 cajas como parte del expediente que tiene más de 300 mil hojas

Al presentar un informe de las auditorías realizadas a aquellas dependencias que no concluyeron al cien por ciento con las revisiones 2015, explicó que en el caso de Secretaría de Desarrollo Rural se presentará denuncia por mil 522 millones de pesos donde estarían involucrados 17 funcionarios y para el ejercicio fiscal 2016 por mil 853 millones de pesos también contra 17 funcionarios; en el caso de la Sefiplan la demanda correspondiente al periodo 2015 es por 982 millones de pesos contra 17 funcionarios y para el ejercicio 2016 el monto será por 574 millones contra 17 funcionarios.

En el caso de VIP Saesa la denuncia será por 619 millones contra nueve funcionarios; en el caso de CAPA, correspondiente al ejercicio 2015-2016 por 606 millones de pesos contra tres funcionarios y ejercicio 2015 por un monto de mil 055 millones de pesos contra tres funcionarios; en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social se interpondrá denuncia por un monto de 5.8 millones de pesos contra seis ex funcionarios y correspondiente al ejercicio 2015-2016 se interpondrá denuncia por un monto de 778.6 millones de pesos contra dos funcionarios; para Sefiplan, mil millones de pesos contra cinco ex funcionarios y otro concepto 2015-2016 por 706 millones de pesos contra siete funcionarios; Tribunal Superior de Justicia correspondiente al ejercicio 2016 por un monto de 2.1 millones de pesos contra seis funcionarios; en el IPAE por mil 444 millones de pesos contra cinco funcionarios.

En la Secretaría de Salud la denuncia corresponderá por 332.2 millones de pesos contra cuatro funcionarios.

Palacios Herrera señaló que las denuncias también alcanzarán a ex funcionarios municipales donde en Othón P. Blanco, el monto a demandar será por 2.8 millones de pesos contra cinco funcionarios; para el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 23 millones de pesos contra cinco funcionarios y otro por 1.5 millones de pesos contra cinco funcionarios, y en lo que corresponde al ejercicio 2016 por 1.5 millones, señalando a cinco funcionarios.

En el municipio de Solidaridad, correspondiente al ejercicio 2016, se interpondrá denuncia por 88.4 millones contra siete funcionarios; en Lázaro Cárdenas se interpondrá denuncia por 7.1 millones de pesos y 2.2 millones correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016; Cozumel por 1.3 millones de pesos contra dos funcionarios; Tulum por 120.4 millones de pesos contra cuatro funcionarios y 14.1 millones de pesos contra cuatro funcionarios; Puerto Morelos por 28.2 millones de pesos contra siete funcionarios, Isla Mujeres por 67.6 millones de pesos contra cinco funcionarios y 69.1 millones de pesos correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016.

En total son 27 entidades por once mil 813 millones d pesos, integrándose 84 funcionarios estatales y municipales.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Emiliano Ramos Hernández, no descarto que como resultado de los informes de resultados que se presenten en los próximos días surjan nuevas denuncias. Algunas de estas denuncias ya fueron presentadas y las demás se presentaran en los próximos días.

El Auditor Palacios Herrera informó a los legisladores que existen cuatro caminos a seguir cuando se detectan inconsistencias o irregularidades en el manejo de recursos públicos derivadas de las auditorías:

“Tenemos prácticamente cuatro caminos a seguir con las revisiones: el primero, a través del pliego de observaciones; el segundo procedimiento administrativo de responsabilidad sancionatoria; el tercero, procedimiento del órgano interno de control de la entidad de que se trate y, el cuarto, contemplado en ley, cuando se infiriera que existieran desvío de recursos, daño al patrimonio de la Hacienda pública estatal o municipal y denuncias de carácter penal ante la autoridad respectiva. Para ello vamos a presentar en total 27 denuncias de carácter penal ante la Fiscalía General del Estado”, informó.

El auditor interino sostuvo que el trabajo realizado, a partir del acuerdo aprobado por el pleno legislativo en febrero pasado, cumple con el rigor técnico y está apegado totalmente a la legalidad.

“No hay auditoría que tenga un sesgo de carácter individual, sin embargo, debo de señalar que este trabajo no lo realiza una persona, lo realiza un equipo de compañeras y compañeros dentro de la institución el cual, podemos afirmar, es profesional como el trabajo de la institución”, comentó.

El diputado Ramos Hernández recordó que se solicitaron estas auditorías porque las anteriores no se completaron y se realizaron con premura, pero el reporte de estas, pueden ser constitutivas de delito, por ello las denuncias que se interpondrán.

El Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, destacó el hecho de que, por primera vez en el estado, queda claro que las instituciones del estado funcionan y dan resultados.

“Se hace historia porque se rompe con este ciclo vicioso que se tenía donde se consideraba que el auditor o la Auditoría se dedicaba a maquillar cuentas de los entes públicos. Siempre al final del día había observaciones muy menores y prácticamente nunca, no tengo antecedente, de este número de denuncias penales que se hayan presentado con estos montos. No hay precedente”, expresó.

 

Fuente: Noticaribe

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