Jueces amparan la impunidad, revelan fallos a favor de gobernadores corruptos

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Ex funcionarios como Javier Duarte, Roberto Borge, Cesar Duarte y otras personas acusadas o sentenciadas por crimen organizado, narcotráfico, secuestro, huachicoleo, lavado de dinero, portación de armas y hasta traficantes de personas, encontraron la ruta de impunidad a través de los 60 mil amparos a modo que los jueces han girado a su favor.

Por Staff Tiempo Digital

En los últimos ocho años la liberación y traslado a penales de mediana seguridad, de acusados de delitos graves se ha incrementado, pero en los últimos tres se incrementó, de acuerdo a Documentos internos de la Secretaría de Gobernación y del Poder Judicial de la Federación.

El reportaje del medio nacional destca que desde 2014 se encendieron los focos rojos al interior del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, porque jueces radicados en Tamaulipas, estado de México y Jalisco, especialmente, comenzaron a otorgar suspensiones provisionales, definitivas o amparos de fondo, a presos con un perfil “criminológico alto”.

En estos casos se concedió la libertad o se impidió el traslado a penales de máxima seguridad o por el contrario fueron enviados a centros estatales. En ellos se muestra la desarticulación entre los fiscales y los responsables de los presos federales desde la Secretaría de Gobernación, la falta de preparación y el extremo de los jueces en ser garantistas, por lo que se requiere, señalaron las fuentes, de un cambio en el andamiaje del Poder Judicial.

Este comportamiento en los jueces mexicanos, que bien podría tomarse como acciones premeditadas, tuvo su auge en el sexenio de Felipe Calderón y siguió con fuerza durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, desde 2011 la concesión de amparos para procurar dichos traslados se incrementó al punto de que estos superaron en casi un 500%, al pasar de los 19 traslados en ese año a los 112 en 2015.

Al respecto, la autoridad penitenciaria informó que, en dicho lapso, fueron 14 centros federales de Readaptación Social, incluyendo el Complejo Penitenciario de “Islas Marías” en donde se efectuaron estos traslados por amparo judicial, siendo este último y el Centro Federal de Readaptación Social Número 8 “Nor-Poniente”, de Guasave, Sinaloa, para reos de un nivel alto-medio de seguridad, los que más traslados a penales estatales realizaron con 88 casos cada uno.

El incremento que desde 2011 reflejaron las solicitudes de amparo que tanto juzgados de distrito como tribunales colegiados y unitarios resolvieron para concretar las reubicaciones de presos considerados en su mayoría de alta peligrosidad fue gradual al grado de que para agosto de 2016 ya había superado en 147% los traslados de todo 2011. La variación fue de 19 traslados en 2011, 33 concedidos en 2012; para 2013, primer año de gobierno de Peña Nieto se alcanzaron 89, bajó a 70 para el año siguiente, y alcanzó 112 traslados en 2015.

Ante la problemática, dos años después, en 2016 la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República firmaron un convenio para que, por razones de seguridad, un imputado pueda cumplir su prisión preventiva en un Centro Penitenciario Federal de máxima o media seguridad. Lo que sólo quedó en un intento.

Jueces amañados

Se acusa que algunos jueces en lugar de estudiar a fondo los casos que se le asignan, prefieren hacer hincapié en los errores de las carpetas de investigación y resolver sin comprometerse.

Caso: “El Betito”

Ejemplo de ello es el caso sucedido en agosto 19 de este año, cuando el juez federal Gregorio Salazar Hernández calificó de ilegal el traslado del Reclusorio Oriente a un Cefereso de José Alberto Maldonado López, a quien la PGR señala como El Betito, presunto líder de la organización criminal La Unión Tepito.

El delincuente fue trasladado al penal de máxima seguridad de Villa Aldama, Veracruz, por lo que sus abogados impugnaron esa autorización y exigieron su regreso al Reclusorio Oriente debido al riesgo que representaba su estancia en el centro de la Ciudad de México, y el, índice clínico criminológico lo consideraba de alto perfil criminal. A pesar de ello, y ante la falta de preparación de la audiencia por parte de la fiscalía, el juez federal Gregorio Salazar Hernández ordenó su regreso al centro local.

Reveló la investigación periodística revisó más de una decena de audiencias y documentos de expedientes con fallos de distintos jueces del país, los cuales subraya fueron difíciles de obtener debido a la poca transparencia que existe, el órgano encargado de los penales federales y desde el Poder Judicial de la Federación.

Caso: “La Rana”

El 21 de octubre de 2018, la jueza federal Martha Georgina Comte Villalobos atrajo la atención mediática luego de que le concedió la libertad a Sandoval Rodríguez, alias La Rana, a quien la PGR inculpó por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La razón del fallo: la falta de elementos para procesarlo.

Su nombramiento como juez de Distrito surgió luego de que interpuso una revisión administrativa. Y es que a pesar de que tras someterse a examen obtuvo una calificación final de 79.4 puntos que la ubicaron en el lugar 20, lo que terminó por descartarla para acceder a la lista de los 18 vencedores del Concurso Interno para la designación de jueces de distrito, Comte Villalobos se inconformó. Y ganó.

En mayo consiguió un fallo a favor y fue nombrada titular del juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, tres meses después liberó a La Rana.

Los juzgados infestados de nepotismo

De acuerdo con el Estudio sobre redes familiares y clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal, alrededor de 500 jueces y magistrados colocaron a familiares en plazas de juzgados y tribunales, abusando que el artículo 97 constitucional establece que los nombramientos de los funcionarios en los órganos jurisdiccionales son facultad exclusiva de jueces y magistrados.

Además de lo anterior, destaca los múltiples beneficios con los que cuentan los juristas, quienes además de recibir un sueldo superior a los 150 mil pesos, reciben tres mil pesos para compra de lentes; 10 mil pesos para pagar renta, 15 mil pesos para adquirir libros, entre otros privilegios. Motivos por los cuales se han rebelado a la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que obliga a que ningún servidor público gane más que el Presidente.

 

Con información de Eje Central

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