Los casi 80.000 candidatos que están detrás de más de 11.000 dignidades seccionales en el país, a partir del martes 5 de febrero buscarán convencer a los 13’262.994 electores habilitados para sufragar el próximo 24 de marzo.

Los postulantes tienen 45 días para recorrer las jurisdicciones que buscan representar, con base en las reglas determinadas por el Código de la Democracia y por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La publicidad de las candidaturas se desarrollará a través de dos vías: la llevada a cabo por el propio CNE, usando el llamado fondo de promoción electoral; y la que impulsarán los propios postulantes con los aportes económicos que reciben de forma particular.

En ambos casos hay límites. El numeral 5 del artículo 209 del Código de la Democracia establece que los candidatos a alcaldes, por ejemplo, deben gastar $ 0,20 por cada elector del cantón que buscan dirigir. En cambio, el numeral 3 establece para los que disputan las prefecturas un gasto de $ 0,15 por sufragante.

Guayaquil, con $ 408.153,80, y Quito, con $ 403.658,60, son los cantones cuyos candidatos tienen el mayor límite de gasto electoral. La ley establece que en los cantones que tengan menos de 35.000 empadronados, el tope de gasto no será inferior a $ 10.000, y en los que tengan menos de 15.000 votantes no será menor a $ 5.000.

Asimismo, los candidatos a las prefecturas del Guayas y Pichincha, las dos jurisdicciones más numerosas en población, pueden gastar más que sus similares en otras provincias, con $ 477.304,20 y $ 347.566,05, respectivamente.

Para la promoción de candidaturas que hace directamente el CNE en televisión, radio, prensa escrita y vallas publicitarias, según el literal ‘a’ del artículo 8 del Reglamento de Promoción Electoral, el organismo destinará el equivalente al 30% del monto del límite del gasto electoral tanto para la Alcaldía como para la Prefectura.

Los postulantes, sostiene José Cabrera, vocal del CNE, están prohibidos de contratar este tipo de publicidad, y una de las principales normativas es que deben respetar el límite de gasto de campaña.

Cabrera indica que el organismo electoral contratará a una empresa para que se encargue del monitoreo, “y en las delegaciones provinciales también se está realizando el monitoreo en vías en cuanto a la campaña anticipada”.

Sobre este tema, se han registrado varias denuncias y las redes sociales dan cuenta de la colocación de carteles en puentes y postes, de paredes pintadas y de la repartición de objetos con rostros de candidatos en Guayaquil, Quito, Machala, Cuenca, La Troncal, Tena, entre otros cantones a nivel nacional.

El CNE informa que desde septiembre pasado empezó un monitoreo y hasta inicios de enero había contabilizado 22.532 artículos promocionales en las vías del país, 64 vallas y cuatro audios de radio. Todo esto, después de verificarlo, será imputado al gasto electoral.

La Corporación de Participación Ciudadana inició hace dos semanas un monitoreo de la propaganda y la publicidad oficial en medios de comunicación televisivo, cuyo primer reporte se emitirá en unos quince días más. Ruth Hidalgo, titular de la entidad, manifiesta que en caso de haber detectado campaña anticipada remitirán un informe al CNE para que tome las medidas pertinentes.

“El próximo martes vamos a firmar un convenio con el Consejo Nacional Electoral a través del cual vamos a tener en blanco y negro este ejercicio de control social, y vamos a poner todo nuestro contingente para monitorear, apoyar y apuntalar este proceso de transparencia”, sostiene Hidalgo.

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