T-MEC podía sufrir ajustes por triunfo demócrata

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El triunfo de los demócratas para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes podría implicar que pidan renegociar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a través de cartas paralelas.

Esta misma situación ocurrió en 1993, cuando ya con el texto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado, la administración demócrata del presidente Bill Clinton negoció cartas paralelas en los sectores laboral y medioambiental.

Esas mismas demandas se mantienen hoy día respecto al T-MEC, dado que algunos legisladores demócratas piden que se establezcan candados más fuertes en ambos capítulos para forzar a México a cumplir estándares más altos.

Sin embargo, una renegociación debe cumplir con los objetivos de la Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por su sigla en inglés), un documento que limita el margen de negociación, antes de iniciar la misma, en la legislación estadounidense. El capítulo laboral del T-MEC actualiza el contenido del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), integrando los derechos laborales contenidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como otros principios como condiciones de trabajo sobre salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.

Bajo este protocolo, México se comprometió a emprender acciones específicas para garantizar el derecho a la negociación salarial colectiva, lo cual busca contrarrestar el sesgo a la baja de los salarios que confiere a nuestro país un atractivo para la inversión manufacturera.

El capítulo amplía el ámbito de cobertura de la cláusula de cumplimiento, respecto a las fallas en la aplicación de la legislación laboral. Sin embargo, estas fallas deberán exhibir un vínculo con el comercio o la inversión entre las partes y manifestarse a través de un curso de acción o inacción sostenido y recurrente. Adicionalmente, las partes se comprometen a combatir el trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil forzoso, en los países fuera de la región del TLCAN, a través de mecanismos de cooperación para identificar el movimiento de bienes producidos bajo dichas condiciones, los cuales evolucionarán hacia medidas obligatorias relativas a la importación de dichos productos.

Una fuente informó que si se reabre la negociación del T-MEC, México también podría presentar peticiones a sus contrapartes, aunque no especificó en qué temas.

En la otra vertiente, el T-MEC mantiene el mecanismo de comunicaciones públicas previsto en el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), proporcionando oportunidad a las personas de las partes de presentar preguntas o comentarios respecto a la implementación de la legislación ambiental de cada parte, con lo que fomenta, de acuerdo con la Secretaría de Economía, la transparencia y la rendición de cuentas.

También incorpora disposiciones específicas, no contempladas en el ACAAN, relacionadas con Acuerdos Multilaterales de Medio Ambiente; la protección de la capa de ozono; la protección del medio ambiente marino de la contaminación por buques; la calidad del aire; el combate a la basura marina; la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad; el fomento a la pesca sostenible, y el manejo forestal sostenibles, entre otros.

La TPA proporciona procedimientos acelerados para la introducción automática del proyecto de ley de implementación presentado por el presidente; intenta garantizar que ambas cámaras consideren y voten sobre el proyecto de ley; prohíbe la enmienda y limita el debate si el presidente promueve los principales objetivos de negociación comercial de la TPA, entre otros requisitos.

Prevenir la formación de los llamados “contratos de protección laboral”. Durante la negociación del T-MEC, grupos de legisladores demócratas expresaron públicamente y a través de cartas su preocupación por la existencia en México de contratos laborales avalados por sindicatos de dudosa legitimidad y cercanos a los intereses de los patrones.
La versión final del T-MEC obliga a México a tomar acciones para defender una auténtica negociación salarial colectiva, pero miembros del Partido Demócrata han expresado su escepticismo sobre los mecanismos del tratado para hacer efectiva esta obligación.

Cumplimiento efectivo a las leyes que protegen el medio ambiente. El T-MEC establece obligaciones de cumplimiento de principios ambientales, pero los demócratas consideran que, dado que éstos han sido históricamente más laxos en México, deben establecerse mecanismos que aseguren la estandarización.

Una preocupación del ala demócrata, similar a la que tienen respecto de los temas laborales, es que la laxitud de México en el cumplimiento de estas reglas le otorgue una ventaja indebida para la atracción de inversiones manufactureras.

Restricciones al transporte transfronterizo de carga por carretera. Se trata de un sector sensible para el interés político estadounidense, dada la presencia del poderoso sindicato de camioneros de ese país (Teamsters), tradicionalmente de orientación demócrata.

Hasta hace poco, este sector fue protegido por el gobierno de EU de la apertura que marca el TLCAN y su apertura ha sido parcial en los hechos, pese a los esfuerzos de México para derribar controles. En el T-MEC, nuestro país aceptó restricciones en este renglón.

Fuente: El Economista

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