La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, abrió una investigación formal en contra de Rappi ya que considera que la startup no ha cumplido con varias normas que protegen a los consumidores colombianos.

De acuerdo con la instancia, Rappi carece de un canal de Peticiones Quejas o Recursos (PQR), no tiene claridad en los términos y condiciones sobre la solidaridad entre la empresa y los comercios proveedores, además de la inestabilidad de los precios.

Al respecto la startup colombiana que actualmente opera en México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Costa Rica, informó que no había sido notificada de esta investigación, pero su cofundador, Simón Borrero, planea dialogar con la superintendencia sobre los requerimientos para poder encontrar una solución.

“Me encantaría poder reunirnos con ellos y hablar las cosas. Estamos tratando de construir una gran compañía que le beneficia al país”, dijo Borrero. “Las demandas son por cosas que no son la realidad de nuestro negocio. Nos ponen contra la pared”, agregó.

De no operar conforme a las normas que brindan protección a los consumidores, Rappi podría ser multada con hasta mil salarios mínimos legales vigentes, unos 245 mil dólares por cada una.

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